La preocupación por el estado de las rutas nacionales que atraviesan la Cuarta Sección Electoral volvió a quedar en el centro de la escena. Empresarios del noroeste bonaerense reclamaron al Gobierno nacional la reactivación de obras en corredores estratégicos como las rutas nacionales 7, 5 y 188, esenciales para el transporte de la producción, el comercio y la conectividad de ciudades como Junín, Chacabuco, Chivilcoy, Bragado y otras localidades de la región.
El planteo fue realizado por la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense durante una reunión con autoridades de Vialidad Nacional, donde entregó un informe técnico que expone el marcado deterioro de las principales rutas nacionales que atraviesan el corazón productivo del noroeste de la provincia de Buenos Aires.
El documento advierte que el mal estado de las rutas nacionales 5, 7, 33 y 188 afecta directamente a 24 localidades y a más de 890.000 habitantes. Además del impacto económico por el aumento de los costos logísticos y las demoras en el transporte de mercaderías, los empresarios remarcaron que la falta de infraestructura incrementa los riesgos de siniestros viales en corredores donde circulan diariamente miles de vehículos particulares y de carga.
Para la Cuarta Sección, la situación resulta especialmente sensible. La Ruta Nacional 7 constituye uno de los principales ejes que conectan Buenos Aires con la región cuyana y Chile, mientras que la Ruta Nacional 5 es la principal vía de acceso hacia el oeste bonaerense y La Pampa. A su vez, la Ruta Nacional 188 une numerosas localidades del norte provincial y es clave para la producción agropecuaria y la actividad industrial de ciudades como Junín.
Durante el encuentro, los representantes empresariales solicitaron precisiones sobre proyectos largamente postergados, entre ellos la transformación en autovía de la Ruta Nacional 5 y otras intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial y la capacidad de estos corredores.
Sin embargo, la respuesta de Vialidad Nacional confirmó el rumbo adoptado por el Gobierno de Javier Milei respecto de la obra pública. Desde el organismo señalaron que, ante la falta de financiamiento estatal, las tareas previstas se limitarán al mantenimiento básico de la red vial, mientras que las obras de mayor envergadura solo podrán concretarse mediante futuros esquemas de concesión e inversiones privadas.
La definición profundizó la preocupación del sector productivo, que sostiene que la paralización de proyectos estratégicos compromete la competitividad de las economías regionales y posterga soluciones que se reclaman desde hace años para mejorar la circulación y reducir la siniestralidad.
El reclamo empresario se suma al que vienen realizando intendentes, legisladores y gobernadores de distintas provincias por el deterioro de las rutas nacionales. En la Cuarta Sección Electoral, donde las rutas 7, 5 y 188 constituyen la columna vertebral del movimiento productivo y del tránsito diario, la falta de inversiones comienza a ser vista no solo como un problema de infraestructura, sino también como un factor que afecta el desarrollo económico y la seguridad de quienes las transitan todos los días.
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