El Concejo Deliberante de 9 de Julio votará si suspende o no por tiempo indeterminado a la concejala del PRO, María Inés Ormaechea, quien estaría ligada a un polémico convenio con una empresa de Israel que habría usado un predio municipal sin autorización.

En rigor, este jueves el Legislativo nuevejuliense esclarecerá el resultado que tuvo la Comisión de Investigación creada en octubre de 2024, cuando salió a la luz que la empresa israelí Nandi trabajó durante un año en un centro vecinal del municipio sin los papeles correspondientes.

Resulta que, en febrero de 2023 la firma Nandi apareció con un proyecto para implementar chips de tecnología innovadora en la ganadería de 9 de Julio, el cual fue aprobado mediante un convenio por el entonces intendente PRO, Mariano Barroso. Lo que sucede es que, la representación de la empresa en Argentina corresponde a Mauricio Gavaldá, esposo de Ormaechea.

No obstante, pese a la firma del convenio entre la Municipalidad y Nandi, la empresa debía esperar a que el Concejo Deliberante de 9 de Julio apruebe el acuerdo. Previo a que el Legislativo se exprese, en el medio Ormaechea se abstuvo de votar en varias instancias y comenzó a ser señalada.

Sin embargo, el punto clave es que la concejala del PRO es que, al estar casada con Mauricio Gavaldá, también es familiar del mentor de la empresa, Sebastián Gavalda. Por esa razón, Ormaechea estuvo en el foco de la escena cuando se supo que, en su rol de titular de la comisión de Legislación, dejó pasar muchas irregularidades que acarreaba Nandi en la solicitud para ocupar los terrenos municipales, lo que abrió dudas sobre incompatibilidades éticas.

En ese sentido, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires inició la investigación sobre supuestas irregularidades patrimoniales y administrativas en torno a la ocupación del centro municipal por parte de Nandi, y la participación de la concejala en el proceso de adquisición.

Por tal motivo, el jueves el Concejo Deliberante de 9 de Julio votará si avanza con una suspensión preventiva hasta que el Tribunal de Cuentas se expida. No obstante, para aprobarse, los 5 concejales peronistas opositores al gobierno de la intendenta del PRO, María José Gentile, deben conseguir las tres cuartas partes del recinto, algo difícil teniendo en cuenta que hay 6 ediles de Juntos, 4 radicales, 2 de La Libertad Avanza y un monobloque cambiemita.