La Justicia bonaerense intimó al municipio de Hipólito Yrigoyen a entregar información clave sobre el destino de los fondos recaudados por la tasa vial, en un caso que ya lleva casi un año y que pone en discusión la transparencia en el uso de recursos públicos. Ocho productores de Henderson impulsan el reclamo, mientras desde el gobierno local aseguran que la documentación está disponible pero cuestionan la forma en que fue solicitada.
Ocho productores rurales de la localidad de Henderson lograron que la Justicia respalde su reclamo para acceder a información vinculada al uso de la tasa vial, en un expediente que comenzó el 6 de mayo de 2025 mediante una acción de amparo. Desde entonces, el planteo fue ratificado en distintas instancias judiciales.
El conflicto gira en torno a la falta de acceso a documentación considerada clave por los demandantes, entre la que se incluyen balances, estados contables, matrices de costos y ordenanzas impositivas. Según sostienen, pese a los fallos favorables, el intendente Luis Ignacio Pugnaloni habría dilatado de manera sistemática la entrega de la información, lo que impide conocer con precisión el destino de los fondos recaudados.
Del otro lado, el municipio rechazó las acusaciones y aseguró que nunca se negó a brindar la información requerida. A través de un comunicado firmado por la secretaria de Asuntos Legales, Linda López, se indicó que el conflicto radica en las formalidades de los pedidos y en el carácter en que fueron realizados, ya que parte de la documentación incluiría datos sensibles o información que la comuna no está obligada a reproducir.
En esa línea, detallaron que entre los requerimientos figuran datos como el padrón de propietarios rurales y urbanos, listados de cheques emitidos con detalle de beneficiarios y conceptos, y transferencias realizadas desde cuentas oficiales, incluyendo CBU, facturación y montos.
Además, el Ejecutivo local señaló que la Cámara Contencioso Administrativa de San Martín dispuso que la documentación pueda ser consultada de manera directa, estableciendo que los costos de reproducción en soporte físico deben ser afrontados por los solicitantes. Según afirmaron, la información ya fue puesta a disposición bajo esas condiciones, pero hasta el momento los productores no se habrían presentado ni abonado los costos correspondientes.
Desde el municipio también remarcaron que existe “fácil acceso” a los funcionarios y que se han mantenido reuniones con distintos sectores, incluso en el marco de medidas como la ordenanza de exención impositiva dictada en 2025 por la crisis del sector agropecuario. En ese contexto, cuestionaron la difusión de lo que consideran información “parcial e incompleta”.
Con posiciones enfrentadas, el caso se perfila como un antecedente relevante en la provincia en materia de acceso a la información pública y control del uso de fondos municipales, especialmente en un contexto donde la presión fiscal y la demanda de transparencia ocupan un lugar central en la agenda.
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