Héctor Plou, juez federal de Junín, declaró inconstitucional a las alícuotas de los derechos de exportación en vigencia y fijadas por el decreto 851/2021. El fallo es en respuesta a una presentación de productores rurales de esa ciudad patrocinados por Alejandro Barbieri, expresidente de la Sociedad Rural local, y Luis Panetta.

Los fundamentos de este fallo de primera instancia es que como el Congreso no sancionó el presupuesto para este año, no se prorrogó tampoco la vigencia de la Ley de Emergencia Económica que le daba la facultad al Poder Ejecutivo de fijar las alícuotas.

El texto de Plou señala que el argumento del Poder Ejecutivo frente a esta circunstancia “–omitiendo explicar por qué solicitó una extensión temporal de la delegación- se limitó a decir que el decreto cuestionado fue dictado mientras estaba vigente la delegación, esto es, antes del 31 de diciembre de 2021. Esto es cierto, pero omite la cuestión central: pretende regir después de vencida esa facultad

En diálogo con Cuarto Político, el doctor Alejandro Barbieri, señaló que "reconoce al productor agropecuario como actor legitimado para reclamar este tipo de cuestiones y determina la inconstitucionalidad de los alcances del decreto ya que a partir del 1 de enero de 2022 no había un sustento legal que lo avale. No estaba la ley para poder aplicarlo. Es muy apreciado el fallo en estos dos puntos y estamos muy agradecidos con los productores que acompañaron y con la Sociedad Rural de Junín que se presentó acompañando a los productores con un gran marco sectorial de acompañamiento a los productores en forma individual".

"Estamos más que agradecidos tanto a la institución como a los productores que se presentaron en el amparo", insistió el doctor Barbieri en la entrevista con este portal digital informativo además de señalar que "esto obviamente se apelará de ambos lados, porque a la Sociedad Rural le indicaron falta de legitimación para actuar, tuvieron solamente como parte a los productores en forma individual asistiendole a ellos la razón en la demanda. Seguramente esto llegará a la Corte Suprema de Justicia de la Nación pero es un gran paso y vamos abriendo camino jurisprudencialmente respecto a la legitimidad del productor agropecuario para reclamar en lo que tiene que ver con los derechos de exportación", indicó.

Sobre otras instancias judiciales en otras jurisdicciones aclaró el doctor Barbier que el del Juzgado Federal de Junín es el primer fallo en primera instancia que se registra. "Los otros amparos han dado curso a la acción, que es muy importante también. En el caso de Córdoba hubo amparos colectivos y de la Sociedad Rural Argentina y se está tramitando pero fallo en primera instancia es el único que hay por lo menos que tenga conocimiento", señaló en el diálogo con Cuarto Político en la tarde de este miércoles.

Sostuvo que lo recaudado por este "derecho a la exportación", "es una caja para el poder central que se va de las economías del interior profundo, a todo nivel. El derecho de exportación es el mal menor a comparación de lo que el diferencial cambiario. Ese es el "gran robo del siglo". Hoy es el gran problema que tenemos más allá de que esto es muy importante y además estamos ante una medida de acción judicial propuesta por una entidad del campo que es distinto de estar siempre a la defensiva por lo que agradezco a la comisión directiva de la Sociedad Rural de Junín por su apoyo en este tema", resaltó.

Indicó que de ahora en más "veremos cómo sigue esto y los pasos judiciales que se irán dando, pero es una gran noticia sobre todo para el sector y el agradecimiento a la Rural de Junìn, la Asociación de Agricultores de Arrecifes y a la Sociedad Rural de Baradero, en estos dos casos con amparos en trámite en sus respectivas jurisdicciones. La primera noticia que tuvimos es la de Junín y espero que se replique en otros lugares. Es posible buscar otras alternativas de acción gremial", señaló.