Los gobiernos de Nación,  Provincia y Municipios han acordado las medidas que ellos creen mas acertadas para prevenir los contagios masivos del Covid-19. Y el asilamiento social obligatorio, a esta altura, tiene en jaque a la salud mental de la sociedad y a la economia de todo el país.

Hay que entender que sobre las autoridades políticas cae el peso de todas las consecuencias posibles. Caerá sobre ellos el peso de un contagio masivo seguido de miles muertes si levantan el asilamiento, y caerá sobre ellos el peso de la quiebra de miles de emprendimientos si la situación se prolonga.

Hay consecuencias inevitables e indiscutibles:

Se perderán miles de puestos de trabajo. Habrá mas gente en la pobreza. Habrá gente sin techo. Muchas personas deberán empezar de cero.

También es inevitable el suceso de consecuencias en la salud pública si se levanta el asilamiento, porque nosotros no somos Noruega, ni Suiza y como sociedad, tampoco nos parecemos mucho a los Uruguayos. Tenemos mucho menos apego a respetar las normas.

La cuestión más atendible y la discusión mas centrada que distingo, es el de la coherencia de las medidas. Y ahi, aún entendiendo el miedo de los gobiernos, creo que los politicos vienen perdiendo terreno.

Por qué unas actividades sí y otras no. Por qué la actividad física y el trabajo de entrenadores no se intenta regular e incluir en un protocolo, el cual permita sostener la práctica de deportes aeróbicos y recreativos. 

Éste es uno de los tantos ejemplos en los que los gobiernos no pueden explicar con coherencia ma restricción aplicada. Y ni hablar de la redundancia de trámites en AMBA, la superposición de medidas y controles, etc.

Lamentablemente creo que todos tienen bastantes razones y eso vuelve compleja la toma de decisiones. Las consecuencias son inevitables, pero rever ciertas medidas y recuperar coherencia perdida frente al miedo, puede hacer menos duro el presente y menos trágico el futuro.