Es inevitable, como ciudadana y como representante del pueblo, expresar mi indignación y mi profunda preocupación por la manera en que se ha llevado a cabo la investigación del atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En un país que se precia de defender la justicia y la democracia, no podemos permitir que un acto de tal gravedad quede sumido en la oscuridad y la impunidad.

Desde el 1 de septiembre de 2022, cuando Fernando Sabag Montiel gatilló en la cabeza de Cristina en la puerta de su casa, han pasado muchas cosas, pero la verdad parece cada vez más lejana. La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo han demostrado, con su inacción y sus decisiones, una preocupante falta de compromiso con la búsqueda de justicia.

¿Cómo es posible que se haya perdido la información del celular de Sabag Montiel mientras estaba bajo la custodia de la jueza? Este hecho por sí solo debería ser motivo suficiente para una investigación exhaustiva. Pero en lugar de eso, vemos una serie de maniobras que solo pueden interpretarse como intentos de encubrimiento. No investigar a fondo a grupos como Revolución Federal, que promovieron abiertamente la violencia contra Cristina y recibieron financiamiento sospechoso, es una afrenta a todos los argentinos que creemos en la justicia.

Es fundamental mencionar a Jonathan Morel, un integrante de Revolución Federal que además vivió en Chivilcoy. Este grupo ha sido un foco de violencia y odio, y su rol en la instigación de actos violentos no puede ser ignorado. Morel, en particular, está acusado de haber hostigado e intimidado a diversas figuras del peronismo, incluyendo a legisladoras y ministros. El 4 de julio del año pasado, él y su grupo agredieron verbalmente a las legisladoras Claudia Neira y María Rosa Daer, lanzando amenazas como "las vamos a prender fuego" y "hija de puta". 

Además, Revolución Federal organizaba charlas en Twitter Spaces, donde incitaban a la violencia contra figuras públicas. Morel, en una de estas charlas, llegó a decir que "prendería fuego C5N" y que "desaparecerían" a sus oponentes, utilizando un lenguaje extremadamente peligroso y evocador de los peores tiempos de nuestra historia.

Y no podemos ignorar la pista de Gerardo Milman, diputado y mano derecha de Patricia Bullrich, quien fue escuchado diciendo "Cuando la maten, voy a estar camino a la Costa". Esta declaración es escalofriante y debería haber sido investigada con la mayor celeridad. Sin embargo, los teléfonos de Milman y sus secretarias aparecieron borrados, un hecho que no ha sido debidamente esclarecido.

La fragmentación de la causa, dividiéndola en partes que diluyen la responsabilidad y dificultan la investigación de los autores intelectuales, es una táctica que conocemos bien. No es nueva y ha sido utilizada para garantizar la impunidad en otras causas de alto perfil. La jueza Capuchetti, designada por Mauricio Macri y con vínculos claros con el poder político, ha sido una figura central en este proceso de encubrimiento.

El juicio que comenzó el 26 de junio de 2024 se centra únicamente en los autores materiales del atentado, dejando fuera de su alcance a quienes financiaron y planificaron este crimen. No podemos aceptar que la investigación se limite a lo que se vio en las cámaras de televisión mientras los verdaderos responsables quedan libres.

Cristina ha sido víctima de una persecución implacable desde hace años, una campaña de demonización y deshumanización que ha sido alimentada por sectores políticos, judiciales y mediáticos. Entre el conflicto del campo y el gatillo de Montiel, se creó un clima de violencia que no podemos ignorar. Se colgaron muñecos de Cristina vestida de presa, se quemaron muñecos ahorcados y se promovió un ambiente hostil y peligroso.

La justicia debe ser imparcial y no puede estar al servicio de intereses oscuros. Es nuestra responsabilidad, como ciudadanos y como representantes del pueblo, exigir que se investigue a fondo y que se haga justicia. No podemos permitir que el atentado contra Cristina quede impune. No podemos permitir que la violencia política se naturalice en nuestro país.

Es hora de que la jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo asuman su responsabilidad y avancen en la investigación de los autores intelectuales del atentado. Es hora de que la justicia demuestre que es verdaderamente independiente y comprometida con la verdad. Porque, como dijo Cristina, para ella no habrá justicia ni como acusada ni como víctima. Y eso es algo que no podemos aceptar.

La impunidad no es una opción. La verdad y la justicia deben prevalecer.