Luego del anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández el sábado, el Gobierno nacional oficializó este lunes la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 7 de junio, tal como estaba previsto, con su publicación en el Boletín Oficial a través del decreto 493/2020, que ofreció detalles sobre la necesidad de continuar con la medida.

Además de anunciar la extensión, el documento, que lleva la firma del Presidente y de todos sus ministros, detalló las razones por las cuales se decidió continuar con esas medidas por otras dos semanas, algunas de las cuales ya habían sido explicadas por el jefe de Estado durante la última conferencia de prensa que encabezó en la Quinta de Olivos.

Entre los considerandos, el texto señaló que, “si bien han transcurrido más de 60 días” desde que comenzó el confinamiento, las medidas que se fueron tomando en este contexto “aún siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y para mitigar el impacto sanitario de COVID-19”.

En este sentido, el Gobierno sostuvo que esas decisiones “han permitido, hasta el momento, contener” el avance del coronavirus a nivel local “por la aparición gradual y detección precoz de casos y por la implementación de las acciones de control ante casos con menor tiempo de evolución, registrándose una disminución en la velocidad de propagación en una gran parte del país”.

Asimismo, puntualizó que “dada la dinámica de la transmisión del SARS-CoV-2 y su impacto en poblaciones vulnerables, las estrategias deben orientarse a la mayor protección de estas personas, al control de brotes en instituciones cerradas, contextos de encierro, personas que viven en situación de calle, barrios populares y pueblos originarios, extremando las medidas de prevención y cuidado en aquellos grupos con mayores dificultades para acceder a servicios básicos y donde se verifican condiciones de vida con mayor hacinamiento”.

Además, se remarcó que durante este tiempo de aislamiento, “el Estado Nacional no solo ha mejorado e incrementado la capacidad de asistencia del sistema de salud, tarea que, como se ha verificado a lo largo de este lapso, se viene logrando con buenos resultados, sino que también ha dispuesto medidas para morigerar el impacto económico y social” causado por esta situación.

“Entre las políticas desarrolladas para proteger el ingreso de las familias y la viabilidad de las empresas se destacan: la implementación del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el crédito a tasa cero para las trabajadoras y los trabajadores independientes registrados y la postergación o reducción de los aportes patronales, así como un salario complementario, en el caso del programa para la asistencia a las empresas y el trabajo (ATP)”, destacaron las autoridades nacionales.

Asimismo, el Decreto remarcó que “al momento de disponer el ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ a nivel nacional, el tiempo de duplicación de casos de COVID-19 confirmados era de 3,3 días”, mientras que el 8 de mayo pasado se “alcanzó su mayor brecha al superar por algunas décimas los 25 días” y actualmente “se estima que este valor ha retrocedido a 13,4 días”.

Además, el Gobierno destacó que a nivel regional solo el 0,4% de los casos confirmados de coronavirus “corresponde a Argentina”, mientras que el 70,2 por ciento de los infectados son de Estados Unidos, y que “similar distribución presenta el total de fallecidos” por esta enfermedad.

Por otra parte, en el documento se aclaró que “en el 84,6% de los departamentos del país no registran casos de COVID-19 en los últimos 14 días”, por lo que se consideró necesario diferencia el Área Metropolitana de Buenos Aires del resto de las provincias a la hora de determinas “la forma en que debe realizarse el aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

“El Área Metropolitana de Buenos Aires, la zona de Córdoba y Gran Córdoba, y la zona de Resistencia y Gran Resistencia, con transmisión comunitaria sostenida, son los lugares donde se observa la mayor concentración de casos y muertes del país, por lo cual requieren de un especial abordaje para controlar el crecimiento en el número de casos, y allí deben dirigirse los mayores esfuerzos”, se subrayó.

En este punto, se ratificó que en los departamentos o partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta 500.000 habitantes, los gobernadores podrán “decidir excepciones al aislamiento y a la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios, siempre que se verifiquen positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se han establecido con base científica”.

Por todas estas razones, en este Decreto se consideró que la extensión de la cuarentena “resulta necesaria para continuar conteniendo el impacto de la epidemia en cada jurisdicción y, al mismo tiempo, para facilitar la habilitación de actividades económicas en forma paulatina, en tanto ello sea recomendable de conformidad con la situación epidemiológica de cada lugar”.

Por último, el Gobierno recordó que “cualquier excepción dispuesta en cualquier lugar del país podrá ser dejada sin efecto por el Jefe de Gabinete de Ministros, en atención a la evolución epidemiológica y a la situación sanitaria del lugar, para evitar la expansión de contagios”. (DIB)