La gobernadora María Eugenia Vidal, envió esta mañana al Senado el pliego correspondiente a la postulación de Sergio Gabriel Torres, como candidato a ocupar el cargo vacante de magistrado de la Suprema Corte de Justicia.

Desde su postulación, Torres ha sumado 387 adhesiones, provenientes de diversos ámbitos académicos, de la sociedad civil, de sectores judiciales, de entidades profesionales y religiosas.

Ahora, los senadores provinciales entrevistarán este mismo miércoles al candidato en la Comisión Asuntos Constitucionales, comandada por la oficialista Nidia Moirano. Luego, el pliego será incorporado a la orden del día para su tratamiento en la Cámara alta.

Teniendo en cuenta la cantidad de votos que tiene Cambiemos, no habrá mayores contratiempos y Torres sería designado juez de la Suprema Corte en la próxima sesión ordinaria que aún no tiene fecha prevista. 

Torres llegó al frente del Juzgado Federal N° 12 en 2001 cuando 2001 el Senado aprobó su pliego. Había quedado en tercer lugar en la terna. Egresado de la Universidad de Buenos Aires, realizó una especialización en Derecho Penal y Criminología en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

Ingresó al Poder Judicial en 1985, dos años antes de recibirse de abogado. Ya con el título en la mano, comenzó a trabajar como prosecretario administrativo en la Cámara Federal de San Martín. En este tribunal pasó por distintos cargos, hasta llegar en 1992 al de secretario de Cámara.

En 1993 estuvo poco tiempo al frente de una fiscalía de instrucción, y a los pocos meses fue trasladado al fuero federal como fiscal adjunto. Este cargo tampoco le duró mucho tiempo: al año siguiente fue designado al frente del Juzgado N° 24 en lo Criminal de la Capital Federal.

Uno de los puntos que despertó polémica acerca de su postulación fue el domicilio declarado que no fue revelado por ser posible víctima de atentados contra su integridad física. No obstante, trascendió que en el pliego enviado al Senado, Torres dejó asentada, con la documentación respectiva, que acredita la residencia en la provincia de Buenos Aires, poniéndola a consideración de los legisladores, por lo que cumple con lo previsto en la Constitución bonaerense