A un año de la denuncia penal contra el ex intendente de Lincoln, Jorge Fernández, su situación judicial sigue siendo comprometida y el fiscal Javier Ochoaizpuro, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Junín, ya hizo dos ampliaciones a lo que fuera la denuncia inicial. 

Cabe recordar que Fernández y su entorno fueron denunciados por defraudación a la Administración Pública; malversación de caudales públicos; administración fraudulenta de fondos públicos nacionales, provinciales y municipales; cohecho; asociación ilícita; enriquecimiento ilícito; entre otros delitos que aún pueden surgir del proceso en trámite y que corresponden al periodo en que el ex mandatario estuvo al frente del Ejecutivo.

Ochoaizpuro, quien se encuentra trabajando en la investigación en conjunto con instructores especializados de la Unidad de Investigación de Delitos Económicos (UIDE) de la Procuración, ordenó en las últimas semanas una batería de medidas probatorias para definir el rumbo de la investigación, que aún no tiene imputados. 

"Ya ha habido una serie de allanamientos en Lincoln y la fiscalía está en plena investigación. Se solicitaron una gran cantidad de pruebas", afirmaron a Cuarto Político fuentes judiciales.

Una de las ampliaciones, que desnuda parte del entramado, se da a raíz de un fallo del Tribunal de Cuentas del 2016 sobre el ejercicio del 2011. Esta ampliación no sólo involucra a Fernández, si no también al ex contador municipal Walter Daniel Fernández, al ex jefe de compras Pablo Daniel Gauna, al ex tesorero Roberto Porto, y al ex secretario de Salud Néstor De Mingo. La suma de las multas establecidas por el tribunal ascienden a los 8 millones de pesos correspondientes al 2011, que de actualizarse al precio de hoy, la multa alcanzaría los 2 millones de dólares.

El fallo del Tribunal de Cuentas deja al descubierto, entre otras cosas, la adquisición de bienes y servicios por proveedores que no estaban inscriptos en el municipio; facturas cobradas por funcionarios; firmas que no coinciden entre los cheques y los Recibos de Pago; y contribuyentes que no están registrados en la AFIP, entre otras irregularidades. 

Parte del documento publicado por el organismo de control provincial y al que tuvo acceso Cuarto Político, consigna en uno de sus apartados que "en relación al proceso de contratación, la operatoria llevada a cabo por el municipio presenta anormalidades que se traslucen en el hecho de haber tramitado las autoridades municipales gran parte de las adquisiciones en cuestión, de forma extrapresupuestaria generando en consecuencia la falta de emisión de solicitud del pedido y de gastos, orden de compra, registro de devengado e informe de recepción de los bienes y/o servicios, antecedentes éstos que permiten verificar el área en la cual se originó la necesidad de la contratación".

Otra de las irregularidades se da, por ejemplo, en contrataciones a monotributistas que no sólo no estaban inscriptos como proveedores, si no que además no existían como tal: "AFIP informa que ´...no se adjuntan datos del contribuyente (...) Monzolin, Claudio, CUIT 20-26875645-4 (...) por ser inexistentes en nuestra base de datos".

Consultado al respecto, el secretario de Legal y Técnica, Diego Corral, aseguró a este medio que "es una causa compleja y los tiempos no son los tiempos que desean la gente. El intendente y el equipo tiene la total confianza en la justicia".

De hecho, fue el propio Salvador Serenal, quien días atrás puso el tema en la agenda nuevamente, cuando en una entrevista televisiva calificó la denuncia contra Fernández como "la más grande de la provincia" y pidió por una pronta resolución de la Justicia: "La Justicia debe darle a los argentinos una señal de confianza. Creo que hay que dejar de especular porque es una elección clave para que la Justicia se ponga los pantalones y no nos deje con el sabor amargo de la impunidad".

En cuanto a la denuncia, Corral informó que "en la ampliación realizada se prueba una trama de corrupción que consistía en la adquisición de bienes y servicios con personas físicas o jurídicas que en su mayoría no eran proveedores. Además se fraguaron muchas contrataciones que eran cobradas por el tesorero y otros funcionarios. Y éstos proveedores declararon en la fiscalía y en la mayoría de los casos niegan ser proveedores, niegas realizar cualquier contratación, y cuando se les exhiben los cheques niegan y desconocen el endoso".

La denuncia radicada por el gobierno de Serenal y que se basó en una auditoría externa pedida ni bien asumió la nueva conducción, reveló, además, "la existencia de más de 300 líneas telefónicas móviles de la empresa Movistar pagas por el municipio, y hasta incluso la constitución de un sindicato de trabajadores municipales trucho, que no tenía inscripción", aclaró Corral. A la catarata de denuncias se le suma también otra referida a un faltante de 5 millones de pesos del Carnaval de 2015.

"Todas las denuncias tienen sustento en el incremento patrimonial de Fernández, que asume en 2003 con una situación financiera desastrosa y finaliza en 2015 con varias propiedades a su nombre", concluyó Corral, quien al igual que Serenal se mostró confiado "en que la justicia dicte un fallo condenatorio".