El fallo de la Corte Suprema: Sin olvido ni perdón

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, falló esta semana en favor del recurso extraordinario presentado por Luis Muña, prestando el beneficio de la ley penal más benigna a quien fue condenado a 13 años de prisión por delitos considerados de lesa humanidad, con los votos positivos de los jueces Elena Inés Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti -éstos últimos propuestos apenas Mauricio Macri asumió la presidencia-.

La designación de los últimos integrantes de la Corte se hizo y deshizo a partir de un abuso de atribuciones en la interpretación del artículo 19° de la Constitución Nacional que habilita a “cubrir vacantes”, sin cuidar un respeto por la separación de poderes, principios sobre el que hoy se jacta el Presidente. Tampoco es un dato menor mencionar que hace apenas unos meses atrás, la Corte se pronunció como el máximo tribunal, incluso ante las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De este modo, a partir de hoy, Jorge “Tigre” Acosta, Alfredo Astiz, Jorge Rádice, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda - condenados a prisión perpetua en 2011 por los secuestros, torturas, violaciones, homicidios y las aberraciones sistemáticas cometidas en la ESMA- pueden sumarse a la lista de genocidas que accedan a este beneficio, tal como ya lo hizo el ex capitán del Ejército y apropiador de Francisco Madariaga, Víctor Gallo, y sin llegar a ser tampoco los últimos. 

Lo alarmante de esta decisión tomada por la Corte es el giro que realiza sobre la política de derechos humanos en cuanto al castigo sobre los responsables por la persecución, tortura, asesinato y desaparición de personas durante la última dictadura cívico-militar, en tanto que motivó que otros genocidas ya hayan presentado la solicitado la aplicación de una ley penal más benigna, algo infundado cuando se trata de delitos de lesa humanidad. En tal sentido, el juez Juan Carlos Maqueda, sostiene en su fallo que esto “exige una labor judicial prudente y causística, que en modo alguno puede suplirse por una medida pareja para todas las situaciones, cuyas diversidad fáctica es sin duda alguna altamente notoria”. Incluso el Presidente de la Corte, Dr. Ricardo Lorenzetti, explica que “no se ha dado ningún cambio en la valoración de los delitos de lesa humanidad. Por el contrario, existe una consistencia en la definición, calificación y persecución de este tipo de delitos”, incluso “se trata de una política de estado, afirmada por los tres poderes, en diversas épocas, de modo que constituye parte del contrato social de los argentinos” .

Se manifiesta entonces un retroceso sobre los cánones alcanzados de justicia en materia de derechos humanos, efectivizando a través de los Juicios por la Verdad las penas a los responsables de una de las etapas más sangrientas de nuestra historia y cuyo dolor convive aún en muchas familias de nuestra sociedad. Desde entonces, se ha reorientado la mirada bajo expresiones que nos alertan a muchos: "conmigo se acaban los curros en derechos humanos", en palabras de Mauricio Macri, "en la Argentina no hubo 30.000 desaparecidos”, en palabras de Darío Lopérfido, “nunca más a los negocios de los derechos humanos”, fue la pronunciación de los diputados de Cambiemos el pasado 24 de marzo, y sobran los ejemplos para dar cuenta de la explícita complicidad entre el poder político, judicial y mediático que día a día desarticula los hechos de esta trama.

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