El pasado 22 de septiembre, doce sociedades rurales adheridas a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) le reclamaron a la gobernadora María Eugenia Vidal "celeridad" en la firma de los decretos para que los productores en las zonas inundadas puedan acceder a los beneficios de la ley de emergencia agropecuaria 10.390.

"Sabemos que parte de la solución de fondo a estos problemas son las obras hídricas, que se reclaman desde hace muchos años, las cuales recién se están comenzando a realizar, cuestión que valoramos, y demandará varios años la culminación de las mismas. Sin embargo, en el corto plazo, los productores necesitamos las herramientas disponibles para hacer frente al efecto de las inundaciones. Entre esas herramientas se encuentran, aunque escasos e incompletos, los beneficios de la Ley 10.390 de emergencia agropecuaria (postergación de impuestos, entre otros)", señalaron las entidades de Carbap.

El pedido, que generó malestar en el sector, aún no se tradujo en soluciones, y el vicegobernador Daniel Salvador volvió a referirse al tema en su visita a Pehuajó el pasado viernes.

"Todas las emergencias se están evaluando y con la mayor rapidez para dar respuestas. Igualmente, tenemos un banco Provincia que brinda créditos y no solicita certificado de emergencia, que es un avance muy importante", explicó el titular del senado provincial.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por los productores, que piden la pronta declaración de las emergencias. En el comunicado firmado semanas atrás, llevaba la rúbrica de productores rurales de Rivadavia, Henderson, Pehuajó, General Pinto, Pellegrini, Guaminí, 9 de Julio, Trenque Lauquen, Carlos Tejedor, Huanguelén, Salliqueló y Daireaux.